Por Daniel Fajardo
Hace algunos meses escribí una columna al concluir la evaluación docente, donde citaba que el Estado tenía su primer revés, tras anunciar un método para de una vez por todas generar un filtro que les permitiera, por una parte tener la base para eliminar a muchos docentes que le hacen mucho daño al gremio y por otra, mostrar una imagen comprometida con la calidad, la sorpresa fue que la mayoría de los docentes reprobó.
¿Cuál es el margen de acción que le queda al Estado? si se cumple la ley tal cual simplemente no hay manera de cubrir la demanda de vacantes, nuevamente amarrados por la ignorancia.
Se habló de la aplicación de exámenes extraordinarios, algo que de entrada simplemente es ridículo, y mágicamente los docentes regresaron a las aulas.
Aquí una nota oportuna, todos estos maestros que reprobaron y acreditaron en extraordinario, son maestros de los “buenos” aquellos que acuden y siguen la ley, porque casos como en Oaxaca, ni siquiera se evalúan.
Los nuevos resultados se entregaron hace algunos días del nuevo periodo de evaluación, y la SEP difunde que 60% de los docentes evaluados reprobaron el examen.
Otra vez…
¿Cuál es el problema?, ¿qué solución estamos trabajando? es lógico, los docentes no son malos, si estamos esperando que acrediten sus evaluaciones van a pasar muchos periodos y seguramente hasta la propuesta de hacer exámenes más sencillos, creo la raíz del problema no son los docentes mal preparados ni la de buscar el filtro por ahí.
Tal cual cuestión un tanto filosófica ¿qué fue primero el huevo o la gallina? lo mismo podemos preguntarnos para tratar de averiguar dónde está la falla y es muy sencilla, si queremos solucionar el problema no ataquemos a los docentes, vayamos sobre las instituciones que les están dando títulos. ¿Qué tipo de organización educativa se puede llamar de calidad cuando los docentes titulados y aprobados por sus normas no son capaces de acreditar las evaluaciones de calidad que el Estado propone?
Y es que no son algunos, estamos hablando de cifras de más del 60% que abarcan prácticamente a todo el país, ¿cómo podemos hablar de buscar una mejor educación cuando son los docentes y las instituciones que avalan sus estudios los que no están egresando profesionales a la altura de las exigencias del Estado?
No entro en cuestiones de definir la calidad de la prueba y su veracidad pero no suena nada lógico que en cada edición de esta prueba la cifra indique la mayoría reprobado.
Obviamente esto implicará una revisión a profundidad, no solo de los esquemas de titulación que permiten esta calidad en los egresados, sino además desde evaluar las instituciones que en verdad pueden garantizar esta calidad y en caso de no lograrlo, considerar retirar los permisos que les permiten egresar docentes que simplemente no tienen el nivel para ejercer.
